El estudio pone de relieve la insuficiente evolución experimentada por las previsiones del Título II del Estatuto de los Trabajadores sobre competencias, facilidades y garantías de los representantes del personal. En especial, apunta las dificultades que ha provocado que otras disposiciones hayan añadido nuevas obligaciones sin ampliar las herramientas jurídicas que permitirían desarrollar la labor de representación de manera más eficaz.

Se examinan los principales y más recientes cambios, concentrados en los derechos de información y consulta, en particular en materia de igualdad entre mujeres y hombres, y del uso de algoritmos para la adopción de decisiones empresariales