El mantenimiento del empleo en épocas desfavorables constituye uno de los grandes retos del mercado de trabajo español. Tradicionalmente, las sucesivas crisis han generado destrucciones de empleo masivas y han abocado a inmensas cohortes de personas trabajadoras a la situación de desempleo. La experiencia de la pandemia producida por la COVID-19 ha enviado un mensaje de esperanza, pues ha sido posible contener el empleo mediante sistemas mejor organizados de suspensión del contrato y reducción de jornada. Con esa experiencia, la reforma de 2021 ha modificado la regulación de la dichas medidas adoptadas por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción o de fuerza mayor mediante unas reglas más ambiciosas y rodeadas de instrumentos de protección de las personas y de las empresas afectadas. Además, ha introducido un mecanismo novedoso, llamado “Mecanismo RED”, en el que se confiere un gran protagonismo a la autoridad gubernativa y a la administración laboral para que las empresas afectadas por crisis económicas cíclicas o por retos de transformaciones sectoriales puedan acogerse a tales medidas. En este artículo se valora críticamente la nueva normativa, destacando sus fortalezas y sus debilidades.